El Congreso de la Unión en favor de la Autonomía Universitaria

Con motivo de la reciente modificación a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, la cual se hizo de manera arbitraria y sin respetar los principios fundamentales de su autonomía contenidos en el artículo tercero constitucional, se abrió un debate que no sólo fue exclusivo de la universidad nayarita en contra del gobierno del estado y del poder legislativo, sino que alcanzó una resonancia nacional, toda vez que la problemática, como sabemos, la vienen padeciendo otras universidades del país, entre ellas nuestra máxima casa de estudios. Ante esta situación anómala en la que se decide modificar una ley orgánica de una universidad sin haber sido involucrada la parte más importante de la misma (esto es su comunidad universitaria), diversas instituciones y organismos se manifestaron en contra de esta determinación, entre ellas el propio Congreso de la Unión, que lo hizo recientemente a través de su Comisión Permanente, misma que emitió un pronunciamiento hace un par de días mediante el cual manifestó su preocupación por la forma en que se tomó la decisión de reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Nayarit sin haber tomado en cuenta a la comunidad universitaria, la única realmente legitimada para hacerlo, situación que –así lo expresa el pronunciamiento de la Comisión Permanente- es violatoria de su autonomía. Por lo tanto, el Congreso de la Unión se pronuncia manifestando su apoyo a la Universidad Autónoma de Nayarit para que interponga todos los recursos legales que estén a su alcance a fin de defender su autonomía y contrarrestar esta acción que a todas luces subvierten su autonomía. Está claro que, para el caso de Colima, la situación es similar: una fracción del Congreso de Estado intenta, de forma ilegítima y atropellante, señalar la ruta que debe tomar nuestra máxima casa de estudios dándole la espalda a su comunidad universitaria, y esto le hace, además, de forma por demás temeraria, pues incluso se le ha llegado a engañar a la sociedad con información falsa (como la de la gratuidad) y con intenciones aviesas. Por fortuna, la respuesta de nuestra máxima institución educativa y de muchos sectores de la ciudadanía han sido contundente y los impulsores de esta ley (entre ellos el propio diputado Vladimir Parra, quien va de escándalo en escándalo) han entendido (o eso parece) que tomaron el camino equivocado, lo que no quiere decir que tengamos que deponer las armas pues acostumbrado este legislador local a mentir sistemáticamente, no nos podemos permitir que la ciudadanía caiga en la mínima confusión al respecto, ya que también la sociedad -no lo olvidemos- es la parte sustancial de nuestra alma mater, su razón de ser y lo que le da sentido. Es plausible, pue, que el Congreso de la Unión haya hecho este pronunciamiento en un momento en el que parece que la política se ha convertido no en la creadora de instituciones en beneficio de la sociedad, sino en la destructora de las mismas.

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