Tres leyes urgentes para Colima

Más allá del trabajo asistencial que brindan nuestros legisladores colimenses, y que en las últimas semanas ha sido criticado con razón, lo que espera la sociedad de ellos es que hagan el trabajo para el cual fueron elegidos: esto es, legislar. En una sociedad donde el poder político parece superior al poder de la ley, donde la impunidad reina y la corrupción medra nuestra vida cotidiana, nada es más importante que trabajar en pos de un sólido estado de Derecho que norme la convivencia social trayéndole la paz y la armonía tan necesaria en este momento de crisis.
Por eso, es plausible cuando los congresistas cumplen con su verdadero trabajo y presentan iniciativas de ley que son urgentes para el bienestar social. Tres leyes, por ejemplo, presentadas recientemente me parecen inaplazables, y fueron presentadas por tres grupos parlamentarios diferentes: el PAN, el PRI y Nuestro Compromiso por Colima.
Por el PAN, la diputada Adriana Mesina abandera la aprobación de la Ley de Salud Mental para el Estado de Colima, una ley que busca suplir grandes vacíos en este ámbito de la salud pública y proteger de forma integral los derechos a recibir atención profesional de un importante sector de la población. Si bien datos oficiales indican que el personal que atiende en una primera instancia a las personas con trastornos mentales está bien capacitado, no lo está especializado, situación que, aunque no lo parezca, puede traer consecuencias graves para este sector poblacional.
Por el grupo Nuestro Compromiso por Colima, el diputado Nicolás Contreras ha puesto el dedo en la llaga con el abanderamiento de una ley que regule la cultura cívica de nuestro estado a fin de que aquellas conductas que son impropias por parte de los ciudadanos y que laceran la buena convivencia de los mismos (escándalos nocturnos, obstrucción de cocheras, excremento de perros en tus jardineras, etcétera) sean eficazmente sancionadas, pues hasta ahora la ley que existe para el caso (aprobada en 2009) lo único que hace es recrudecer las problemáticas sociales. Esta ley de cultura cívica vendría directamente a incidir en todos aquellos conflictos vecinales para los cuales, por increíble que parezca, no hay autoridad con facultades para darle una solución real, lo que no hace sino alentar conductas ilícitas que, en muchos de los casos, ya lo hemos visto, tiene consecuencias lamentables.
Finalmente, por el PRI, el diputado Héctor Magaña ha abanderado una reforma que busca la profesionalización de la función pública en los ayuntamientos, decretando que los funcionarios que ocupen cargos como el de tesorería y la secretaría del propio ayuntamiento tengan títulos y cédulas profesionales afines al cargo. Si ya esta reforma es de por sí meritoria, sería loable si permeara todos los ámbitos de la función pública, incluidos aquellos que tienen que ver con los congresistas, los cuales deberían ser todos abogados, la profesión clave para el desempeño cabal de esta labor.
Enfatizando, pues, la importancia de que nuestros legisladores se concentren en crear o reformar leyes que incidan en la mejora de la convivencia ciudadana es la forma más contundente también de decirles que a la sociedad le irrita que pongan la mayor parte de su empeño y tiempo en actividades asistencialistas que no son parte esencial de su tarea legislativa. Ojalá que estas tres leyes mencionadas, pues, se implementen y, sobre todo, se apliquen para el bien de la sociedad colimense, que todavía no termina de salir del asombro por esta violencia que la apabulla.

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