Periodismo y dictadura en México

Fuente: SinEmbargoMX

Una de las principales características de los sistemas tiránicos o dictatoriales es la ausencia de ley y la implementación del orden a través del capricho de un solo individuo, a quien llamamos dictador o tirano.

Este dictador o tirano, al encarnar él mismo la ley, se excluye de la misma, permaneciendo impune. Puede matar, torturar e incluso mandar al exilio sin recibir ningún tipo de castigo porque sería imposible que él, encarnador de la ley, se castigara a sí mismo.

El siglo XX latinoamericano estuvo (y sigue estando) poblado de estos siniestros personajes.

Lo padeció República Dominicana con Leónidas Trujillo, Nicaragua con la dinastía Somoza, Uruguay con Juan María Bordaberry, Argentina con Videla, Chile con Pinochet, Paraguay con Stroessner, Cuba con Fidel Castro y hasta Venezuela con Hugo Chávez.

Pero las dictaduras no tienen que ser propiamente militares, como la mayoría de las mencionadas anteriormente, ni tampoco tienen que ser caracterizadas por la permanencia de un solo hombre en el poder por un periodo prolongado de tiempo, no, también son encubiertas (y éstas son las peores) con la máscara de la democracia y con el embuste del respeto irrestricto a los derechos fundamentales del hombre.

Si redefinimos y ajustamos a los tiempos actuales lo que vendría a ser una tiranía (todo el poder concentrado en una sola persona), en México no vivimos uno sino varios regímenes totalitarios a diferentes escalas. El primero es el presidencial, el segundo tendría que ver con las entidades federativas (los estados) y el tercero recaería directamente en los municipios.

Todo el ejercicio del poder en México, incluido el que se ejerce de los padres a los hijos, es tiránico.

En este contexto se da la corrupción que asola al país, cometida por una clase política que se sabe impune, pero también al margen de los crímenes relacionados con el narcotráfico y, por supuesto, contra la libertad de expresión.

La muerte hace un par de días del fotoperiodista de Proceso Rubén Espinosa, junto a otras cuatro mujeres en un departamento de la Narvarte, en donde al parecer a todos les dieron el tiro de gracia, no parece  tener como móvil, como lo dice la Fiscalía del DF y algunos medios de comunicación, el robo y las drogas. Parece, sí, estar a todas luces conectado con las amenazas que Rubén Espinosa y Nadia Vera recibieron en Veracruz, durante el tiempo que el primero cubrió las manifestaciones civiles y protestas en las que la segunda (como otros tantos más) participaba. Circula en las redes, incluso, un video en donde Nadia Vera responsabiliza al gobierno de Duarte de cualquier atentado contra su vida.

El nombre que salta sobre el expediente criminal es, pues, el del gobernador veracruzano Javier Duarte, a quien presumiblemente le encolerizó una fotografía de Espinosa que fue portada en la revista Proceso y en donde el Ejecutivo estatal aparece de perfil con una gorra de policía.

Todo, sin embargo, es presunción, pues al día de hoy las autoridades judiciales han sido incapaces de dar pormenores del multihomicidio, dando a entender con ese silencio lo que profesionales del periodismo y sociedad mexicana ya saben: que se trató de otro crimen contra la libertad de expresión.

Sin embargo, en un ambiente de enrarecida incredulidad, sería tan temerario afirmar que el autor intelectual es el gobernador Javier Duarte como afirmar que se trata de un robo que, por alguna extraña razón, se salió de control y termino en tan terrible tragedia.

Luego de cinco años de haber yo trabajado en el Ministerio Público, puedo advertir que el segundo móvil (robo y drogas) es casi improbable, porque si en verdad iban a matar a Nicole (al parecer la que tenía la conexión con el asunto de las drogas, en especial de la cocaína), habría sido muy fácil matarla a ella al salir, cualquier día, de su propia casa.

Lo que no es permisible es que las muertes de periodistas y activistas sociales sigan engrosando los expedientes de un sistema de justicia que parece que tiene como única función proteger a los criminales.

No se nos puede impedir nuestro derecho a estar bien informados (a tener una vida digna y una sociedad en paz) a punta de crímenes.

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