No a un “Fiscal carnal”

La violencia en Colima sigue imparable y no parece que haya estrategia visible que sirva para detenerla. De dos a tres son los crímenes violentos que se comenten en nuestra entidad diariamente, y si alguien no parece notarlos es porque la violencia ha entrado en un estado de normalización entre la ciudadanía. Convivimos ya con la inseguridad extrema como convivimos con los vecinos, los compañeros de trabajo o nuestros propios familiares. Gobierno federal, estatales y municipales han fallado en el combate de este flagelo que tiene a nuestro país (y a nuestro Estado) con los pies de cabeza y, hay que decirlo, en lo que a nuestra localidad concierne al gobernador y a los alcaldes no parece importarles mucho la problemática, cada cual ha encontrado formas de justificar su irresponsabilidad.

Si bien todavía no entran en funciones los nuevos munícipes ni congresistas (en su mayoría de adscripción morenista), la época electoral ya pasó y es tiempo que el gobernador Nacho Peralta y los alcaldes todavía en funciones no se olviden de que la violencia sigue incólume y cada vez se recrudece más, de ahí que sea importante activar las medidas de seguridad necesarias (preventivas y persecutorias) para contrarrestar esta epidemia.

Entre esas medidas estará el nombramiento del Fiscal General del Estado, nueva figura que a su vez contará con dos fiscalías especializadas: la de combate a la Corrupción (de suma importancia) y la de Delitos por Razones de Género y Trata de Personas (no menos importante).

Hace unos días, las cámaras empresariales y algunos otros sectores sociales, al ver que se habían dado recientemente nombramientos inadecuados (al menos en la forma) para elegir a un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y al comisionado del Infocol, se manifestaron en favor de que el Ejecutivo estatal no se inclinara por algo similar en el nombramiento del Fiscal General, esto es, que se diera un nombramiento tomando en cuenta la capacidad y profesionalismo del Fiscal y no sólo su cercanía o amistad con el mandatario.

Si bien todavía no es posible hacer este nombramiento en virtud de que aún no se ha hecho la declaración de la autonomía de la fiscalía, es conveniente adelantarse a los acontecimientos para advertir que aunque es una facultad del Ejecutivo enviar la propuesta al Congreso, éste (el Ejecutivo) tendrá que buscar que el nombramiento recaiga en alguien que realmente pueda dar los resultados que la ciudadanía está esperando en cuanto a su paz y armonía social. Y lo mismo debe aplicar para el Congreso (sea ésta o la siguiente legislatura): que no se vaya a buscar un Fiscal que tampoco vaya a servir a los intereses de la legistatura (Morenista, si a esta mayoría le corresponde el nombramiento), sino a los intereses de la sociedad.

 

No se debe, pues, en cualquier caso politizar un asunto estrictamente de carácter social y legal. No se trata de ver a quién (el Congreso o el gobernador) va a servir el Fiscal, sino de qué forma va a resolver el problema de la inseguridad en nuestro Estado, y para eso es importante que más allá de filias y fobias partidistas se elija al mejor preparado, al más autónomo y al que mejor propuesta presente para devolverle a Colima la paz que tanto necesita.

Y no hay que preocuparse tanto si el Fiscal será nombrado por un periodo de seis años con posibilidades de reelegirse, pues la misma ley contempla también su remoción en el momento en que no cumpla con las expectativas ciudadanas, que, al final del día, (y esa fue la gran enseñanza que nos dejaron los resultados de las pasadas elecciones), son las únicas que importan.

 

 

 

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