Enrique Michel y el Osafig

El nombramiento del panista Enrique Michel como auditor especial de obras del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) causó revuelo entre los priistas colimenses. Se le acusó, principalmente, de ser un nombramiento ilegal (por no cumplir al parecer Enrique Michel con uno de los requisitos de orden normativo que exige este cargo, especialmente el de su formación profesional) y de imparcialidad, por tratarse de una figura identificada con el panismo local y no de un ciudadano sin filiación partidista.

El tema de la ilegalidad es irrebatible: si Enrique Michel no cumple con los requisitos de ley, ese cargo debe entonces revocarse y otorgarse a quien sí cumpla con esos requisitos. Eso no debería someterse a discusión, a pesar de que en nuestro país los priistas han cometidos miles de ilegalidades y nunca se han asombrado de ellas. Hoy, por intereses políticos, han puesto el grito en el cielo.

Esperemos que, al menos en Colima, no vuelvan ni ellos ni nadie a cometerlas. El tema de la imparcialidad, sin embargo, entra dentro de un marco puramente moral, una presunción de culpabilidad que advierte (maliciosamente) de una acción que todavía no se consuma con el objetivo de dañar la imagen de, en este caso, quien ha asumido el cargo.

Los gobiernos estatales priistas nunca han reparado en nombramientos que también han significado una presunción de imparcialidad, como en el caso –por decir uno de los más emblemáticos- del mismo proceso interno del PRI para la elección pasada a gobernador, que fue a todas luces no sólo imparcial sino antidemocrático, por lo que no hay congruencia moral en exigir lo que no podemos nosotros mismos cumplir.

Tal vez por eso la propia Ley del Osafig no impida la elección de un funcionario que cuente con una filiación partidista, porque una Ley no puede actuar bajo presunciones. No creo, sin embargo, que sea el nombramiento o no de Enrique Michel lo que verdaderamente importe en este conflicto, el cual, bien visto, se une también al tema de la auditoría que llevará a cabo el gobierno estatal a la gestión del ex gobernador Mario Anguiano, con una empresa que curiosamente ha sido cuestionada por actos de corrupción, lo que parece no ser problema para los priistas.

Creo que lo crucial es precisamente saber, primero, la razón de la crisis financiera que padecen las arcas colimenses y quiénes son en realidad los responsables de ellas, para que sean castigados con rigor por la Ley.
Lo que debe garantizarse, entonces, es que no haya impunidad al momento de impartir justicia y no haya chivos expiatorios en un tema que, junto al de la inseguridad, se impone el segundo en importancia para el gobierno actual del gobernador Nacho Peralta.

Esperemos, pues, que la partidocracia colimense deponga ya sus propios intereses políticos y atienda los que atañen a los de la ciudadanía, todavía en espera del Colima seguro y lleno de porvenir que le prometieron en campaña.

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