En defensa de los colimenses despedidos

Sin duda lo que más ha agraviado a la sociedad colimense esta semana no es ni la violencia exacerbada en la entidad (donde los crímenes parecen ya haberse normalizado para los tres órdenes de gobierno), ni tampoco haber rechazado al candidato a procurador Guadalupe Franco Escobar  (por no cumplir con los requerimientos de integridad que exige la Constitución, resolución que me pareció un acierto del Congreso del Estado), sino los casi mil quinientos empleados despedidos del gobierno estatal. Esta decisión fue errática porque, como siempre, opta por hacer pagar a justos por pecadores.

El gobernador Nacho Peralta había prometido en campaña un Colima totalmente diferente. Nos dijo que era su responsabilidad que la ciudadanía viviera feliz, con un futuro cierto e, incluso, con una vida segura. A menos de un mes de su gobierno, la determinación se dio exactamente igual a como se han dado siempre estas determinaciones: que la corrupción cometida por unos cuantos sea pagada por el pueblo. No importan las quejas de miles si tendremos la complacencia de un puñado de partidarios, nos dice la actual administración con esta salida.

La argucia de correr a los empleados hasta no haberles sacado antes el voto es, también, algo que nos indigna como ciudadanos, pues eso confirma sólo que se nos engañó y se nos usó con meros fines electorales.

¿Por qué se despiden a casi mil quinientas personas que no robaron a nadie y no hicieron sino cumplir puntualmente con una labor que les proveía del sustento necesario para su sobrevivencia? ¿Por qué fueron castigadas con el despido de esa manera tan injusta? ¿Por qué la Ley castiga a los inocentes y no a los que la infringen? Entiendo que más de alguno merecía el despido (por las razones que éstas fueran, incluidas la falta de competencia), pero no es creíble que casi mil quinientos trabajadores no cumplieran con este requisito laboral.

El despido no fue una decisión difícil, como se le ha querido mostrar a la población, sino una solución fácil, la más fácil de todas: poner, sin una razón de peso, a casi mil quinientas personas a naufragar. La solución difícil habría sido (y puede serlo todavía) reinstalarlos y someter a juicio a aquellos que fueron realmente los culpables de esta quiebra financiera, eso es lo que exige la población al mandatario estatal y eso es lo que debe hacer para empezar a legitimar su gestión, que al día de hoy no ha cumplido con las expectativas esperadas.

El gobernador Nacho Peralta tiene una gran deuda con la ciudadanía: hacerle justicia, en lugar de desemplearla. Yo, de verdad, creo que esto todavía es posible y que el Ejecutivo estatal no ha echado por la borda todas las promesas que nos hizo en campaña.

Esperamos que el clamor social (que se hace notar en todos los foros posibles, especialmente en las redes sociales) no pase indiferente al gobernador, pues ese sería el principio de un fracaso gubernamental que ya no habría forma (ni política ni moral) de justificar.

 

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