El juicio político en contra del Rector

La elección extraordinaria para gobernador en Colima dejó, aparte de un candidato victorioso (en este caso el priista Nacho Peralta), muchos daños colaterales. Entre ellos: un juicio político en contra del Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, José Eduardo Hernández Nava.
El juicio político fue presentado ante el Congreso local por José Miguel Rodríguez Reyes, secretario general del llamado Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (Situ), con la anuencia y firma del ex líder del Sutuc, Leonardo Gutiérrez Chávez.
Aun cuando el Artículo 110 de nuestra carta magna, en relación directa con el Artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, advierte la modalidad del juicio político para los organismos autónomos o descentralizados, la denuncia de juicio político debe estar apoyada, como lo señala la propia Ley, “en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción”, no en una crónica de tergiversaciones, presupuestos, infundios y prejuicios, que son una cosa totalmente distinta.
La naturaleza, origen e intención de esta denuncia está muy clara y ya todos la sabemos: tuvo un motivo puramente electorero, viene del mismo grupo que originó aquel conflicto de la falsa huelga de hambre (derivado del revanchismo del exlíder del Sutuc al no haber conseguido la Rectoría) y tiene como fin desestabilizar la armonía universitaria y quebrantar su autonomía, arguyendo una catástrofe en la gobernanza de la misma que realmente no existe.
Si bien ningún servidor público o funcionario está exento de cometer errores, a la vista está que nuestra casa de estudios, desde que inició la gestión hace tres años de la actual administración, ha conseguido mantener un clima de tolerancia, libertad y respeto a la pluralidad de ideologías y hábitos universitarios que antes estaban en el mero discurso.
Yo mismo he visto, en lo que mi ámbito corresponde, cómo en las páginas de El Comentario se expresan las diversas posiciones políticas sobre los diferentes proyectos políticos (en favor del PRI, en favor del PAN, etcétera) sin la menor censura por parte de la autoridad universitaria, lo que me parece muy saludable y hasta atinado para la vida democrática de nuestra Universidad.
Esta tolerancia y respeto se percibe incluso con aquellos (como los firmantes de la denuncia de juicio político) que en aras de defender sus propios derechos y sus ambiciones personales de poder, han pasado por el derecho de muchos universitarios que sólo aspiran a trabajar en un ambiente de paz y certidumbre.
El juicio político contra el Rector Hernández Nava no tiene, pues, más que fines puramente políticos y persigue objetivos de interés grupal, en este caso en beneficio de los partidarios del exlíder del Sutuc, Leonardo Gutiérrez, quien incluso tomó como bastión las campañas políticas para manchar la encomiable labor que llevó a cabo nuestra máxima casa de estudios en el marco de las elecciones extraordinarias, en donde, al igual que en la ordinaria, fue nicho del debate entre los candidatos.
Más allá de que también le ocasione al Rector un daño moral innecesario a su imagen pública, ese juicio político transgrede principios esenciales de la autonomía universitaria, sobre todo porque ésta tiene vías en su propia Ley Orgánica para dirimirlas, pero como al fin no lo mueve un afán real de justicia sino un enfermizo revanchismo por parte de ese grupo disidente, entonces lo que más importa es politizar el conflicto (ahora que presumen que el Congreso de mayoría panista le es adverso al Rector) para ver qué beneficios personales les deja.
Como he dicho anteriormente, el Congreso local atiende casos suficientemente documentados con pruebas contundentes, no venganzas. Esperemos que el Congreso local no se deje engañar.

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