Cuotas escolares, una polémica innecesaria

En cada inicio de ciclo escolar de educación básica reaparece la consabida polémica sobre las cuotas escolares y, por extensión, sobre el problema real de fondo: la gratuidad de la educación. Esta polémica es tripartita e involucra a padres de familia, directivos de escuelas y a la autoridad educativa.

Por un lado, tenemos la queja de muchos padres de familia a quienes presumiblemente se les condiciona la inscripción de sus hijos de no pagar la mencionada cuota escolar, teniendo como consecuencia de esto la marginación del estudiante.

Por otro lado, tenemos la argumentación de los directivos de escuela, quienes justificadamente indignados, advierten que sin estas cuotas escolares es imposible hacer funcionar sus escuelas, pues la autoridad educativa no les provee de recursos para solventar los gastos operativos de su centro escolar, entre los cuales se incluye papelería, productos de limpieza, arreglos a las instalaciones que representan un peligro, etcétera.

Finalmente, tenemos a la autoridad educativa que, entre la espada y la pared, tiene que ver la problemática tomando en cuenta ambas posturas y sin necesariamente tener que validar ni una ni otra, pues si bien es cierto que ningún niño puede quedarse sin educación, tampoco es posible castigar a los directivos de escuelas por un delito (digámoslo así) del cual no son responsables, ya que si ellos tuvieran presupuesto asignado para cubrir todos estos gastos no habría ninguna necesidad de solicitar estas cuotas escolares.

Fueron en gran medida las declaraciones del diputado Nicolás Contreras en el sentido de sancionar el condicionamiento de la inscripción que también la autoridad educativa se vio obligada a realizar una campaña de denuncia ante cualquier caso de esta naturaleza, lo que provocó malestar entre los directivos escolares y en general entre el magisterio. Yo creo que el problema mayor está en el errático tratamiento que se le ha dado al tema de las cuotas escolares, y a una forma inadecuada de hacérselo saber a la población (incluidos los trabajadores de la educación).

En primer lugar, las cuotas escolares no pierden su carácter de ser voluntarias, no obligatorias, y se sancionaría a quien las haga obligatorias. Por otro lado, es importante que los padres sepan que estas cuotas voluntarias no son un negocio para los maestros, sino más bien que éstas cubren una enorme carencia de presupuesto que de no tenerse impide el buen funcionamiento de los centros escolares, de manera que los padres de familia que puedan darlas estarán haciendo un gran bien a la escuela. Y, por último, el asunto de fondo: que toda esta problemática se evitaría si la autoridad educativa (estatal o federal, o ambas) destinaran una partida presupuestal exclusiva para subsanar esta reiterada deficiencia que confronta a padres de familia, directivos escolares y a la autoridad educativa misma.

Si el nuevo gobierno de López Obrador, y el nuevo congreso colimense lopezobradorista, tienen realmente a la educación como una de sus prioridades, entonces sería crucial que parte de lo que se ahorrarán en las reducciones del gasto que harán sirva para resolver estas carencias, de otra manera la cuota escolar seguirá haciendo pagar a justos por pecadores, crispará a la población y pondrá contra la pared a las autoridades, como hasta ahora.

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