Autonomía, crítica y participación social universitaria

En mi colaboración pasada hablé de la importancia que significaba la defensa de la autonomía universitaria dentro del nuevo contexto político y social, además de la necesidad de que nuestra casa de estudios tuviera críticos, aunque no enemigos. Lo traigo ahora a colación para conectarlo con dos acontecimientos sucedidos en los últimos días. El primero, muy reciente, se vincula con el ingreso del rector Hernández Nava al Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Colima, como miembro honorario. En su discurso de ingreso, titulado “Autonomía, indefensión y responsabilidad social universitaria” señala, entre otras cosas, algo que me parece fundamental y que debería ser una pedagogía que se extienda a todas las aulas de nuestra máxima casa de estudios, pasando, obviamente, por los cubículos de los profesores y las oficinas de sus funcionarios. El rector dijo: “La autonomía es una condición vital para que la Universidad sea lo que es: un espacio donde reside y se genera la crítica y que, como tal, requiere de la libertad como las personas necesitamos el aire para existir”. Estas ideas están estrechamente relacionadas con el consenso principal al que han llegado los rectores de diversas universidades de Latinoamérica que participaron en el coloquio internacional “¿Hacia dónde va la universidad en el siglo XXI”, que se efectúa en la UNAM, y es éste: que la tarea fundamental de la universidad de América Latina es incidir en las políticas públicas. Este lazo de la universidad con su realidad social, del que he hablado ya en mi anterior colaboración y que enfatiza el rector Hernández Nava en su discurso de ingreso al Seminario de Cultura, es un imperativo para, vuelvo a repetirlo, este nuevo orden mundial y, por supuesto, local. La conciencia ciudadana se ha transformado, las necesidades sociales se han incrementado y la capacidad de respuesta del Estado (del Estado en general, como ente encargado de proteger el bienestar y de conculcar la paz entre los hombres) está prácticamente rota, de tal modo que el único ámbito del espectro comunitario que puede realmente ofrecer soluciones ante tal adversidad es, sin duda, la universidad, lugar donde, por antonomasia, se genera y difunde el conocimiento y se discuten las ideas. Tarea enorme, pues, de la que nadie somos ajenos, es la de, como ya lo dije en mi pasada colaboración, trabajar en un proyecto común, a través del cual no esperemos a que el Estado (y sus gobiernos) se convenzan de la utilidad de la universidad en la vida social, sino que no puedan, incluso, dejar de incorporar en los comités que planean los planes estratégicos y las políticas públicas, la representatividad universitaria, para que de esta forma la voz de la institución educativa sea escuchada y tomada en cuenta. El trabajo por venir sería precisamente ese, sobre todo ahora que vendrá un relevo en la gobernanza de nuestro estado: que académicos de las diferentes áreas del conocimiento (ciencia política, derecho, contaduría, periodismo, etcétera) puedan participar en la planeación de las políticas públicas que llevarán a cabo los gobiernos por venir. Con esto, nadie podrá acusar a la universidad de haberle dado la espalda a la sociedad.

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