Atentado contra Moreno Peña: último mensaje para los priistas

Dos sucesos políticos, pues políticos fueron los involucrados, han marcado definitivamente este sexenio: el crimen perpetrado contra el ex gobernador Silverio Cavazos y el reciente atentado contra el ex gobernador Fernando Moreno Peña, ambos priistas.

Los dos sucesos son igualmente reprobables porque con ellos se desgarra nuestro estado de Derecho y, sobre todo, se vulnera la paz y la armonía social, cuya preservación (como bien lo dijo Hobbes) es la mayor tarea de todo Estado. Con respecto al atentado contra el ex gobernador Moreno Peña se han visto todo tipo de reacciones en las redes sociales y medios de comunicación, pero aquellas que más indignan son las que se han dedicado a festinar sobre el suceso. Sin bien es cierto que este atentado no debe exonerar a Moreno Peña de los males que ha ocasionado en Colima, especialmente aquellos males que han lacerado la vida democrática de nuestra localidad y que han demostrado que el proyecto priista en Colima (por su grado de podredumbre) ha fenecido, como lo demostraron las pasadas elecciones, esto no significa que podamos validar un hecho como éste, pues sería aprobar la ley de la violencia por encima del respeto estricto a nuestro orden legal.

Para decirlo en términos sencillos: los males que hayan cometido Silverio Cavazos y Moreno Peña debieron (en el caso de Cavazos) y deben (en el de Moreno Peña) estar sujetos a nuestra norma jurídica y no a la de las balas. Yo, por eso mismo, repruebo que ésta sea la forma en que deban dirimirse las controversias de la sociedad civil, por más ofensivas que éstas nos resulten, y que tengamos que convertirlas en parte de nuestra vida diaria. Por eso, el reciente atentado contra el ex gobernador Moreno Peña es un acto reprobable e indignante, igual al que se ha cometido en contra de los que han sufrido similar destino, pues todos somos iguales ante la ley y no tendríamos por qué hacer diferencias ciudadanas.

Lo que sí es importante subrayar es que no debemos confundirnos en cuanto a quiénes son las víctimas y los victimarios de esta violencia, ni tampoco entre cuáles son sus causas y cuáles sus efectos. La causa no son los sicarios o las cabezas que los dirigen sino los misma clase política, que con su desmedida ambición no ha hecho sino crear las condiciones para el surgimiento de estos condenables actos criminales, consecuencia de esta ambición desmedida que deja sin posibilidades de sobrevivencia a millones.

De tal manera que si queremos acabar con este tsunami de violencia no será, en realidad, acabando con los sicarios que ejecutan estos crímenes sino con la ambición delirante de la clase política colimense que no ha entendido que ya es imposible persistir en la misma ruta, ambición que está relacionada incluso con el fraude electoral que se cometió en las pasadas elecciones para gobernador y que ahora el Tribunal Federal, como lo advirtió en su anteproyecto, pretende ratificar.

En la medida en que alentemos una clase política distinta, más honesta y transparente, que piense realmente en el bienestar social y que no le dé la espalda a las necesidades más urgentes de la población, ni a la voluntad de las mayorías, en esa misma medida el crimen organizado se reducirá exponencialmente, tendremos una sociedad más sana y, por supuesto, un mejor ajuste de cuentas con el porvenir.

 

 

 

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