Alcalde de Cuauhtémoc: hablemos de legalidad, pero también de justicia

La posible inhabilitación del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, debido a haber realizado proselitismo político en la elección extraordinaria a favor del excandidato panista a la gubernatura Jorge Luis Preciado  es un caso que impone una reflexión más allá de filias y fobias partidistas y políticas, y más bien una reflexión sobre algo realmente central en este asunto: las fronteras entre la legalidad y la justicia y de qué forma una y otra tienen que atraerse o repelerse tomando  en cuenta el bien común y la voluntad general, sobre todo ahora que el alcalde Rafael Mendoza fue reelegido (por el voto ciudadano) como edil de su municipio por otro trienio. Se ha desatado una fuerte polémica entre quienes piden la cabeza del edil de Cuauhtémoc y entre los que lo defienden para que siga en el cargo, pero lo que tenemos en este momento es una orden del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación para que el Congreso local, y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jurado de Sentencia en este juicio político, actúe en consecuencia e inhabilite por siete años a Rafa Mendoza para ocupar cargos públicos. El punto de inflexión de esta polémica controversia radica, por un lado, en que efectivamente el alcalde cometió esa falta electoral en un ámbito que, bien visto, no atañía a sus funciones como alcalde, esto es, no fue una falta relacionada con desvío de recursos de su administración, nepotismo, tráfico de influencias, etcétera, sino con algo fuera de los límites de afectación de la comunidad que representaba en ese momento. Para decirlo más claramente: se le acusó de haber vulnerado el principio de imparcialidad pero no el haber utilizado indebidamente recursos públicos para apoyar la campaña de Preciado Rodríguez, lo que sí habría sido directamente en perjuicio de la sociedad cuauhtemense. Tan no fue su falta un agravio para los ciudadanos de su municipio que estos lo refrendaron en el cargo en las pasadas elecciones. Tomando en cuenta lo anterior, la siguiente pregunta se hace obligada: es legal la sanción al alcalde, por haber cometido la falta que cometió, ¿pero es justa la pena que se le quiere imponer? Inhabilitarlo de su cargo de alcalde derivado de una falta electoral no sería ni justo electoralmente ni tampoco justo políticamente, pues se estaría imponiendo una pena que en estricto sentido no es electoral (mejor inhabilítenlo para que no participe en contiendas de elección popular) y se estaría agraviando los derechos de la ciudadanía de ser representados por alguien (el alcalde Mendoza) que a ellos no les ha ocasionado ningún perjuicio. Por tanto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, considerando una reflexión en este sentido, debería imponerle una sanción al alcalde Rafael Mendoza a la medida de la falta que cometió (algo electoral), lo que sería legal, pero no inhabilitarlo de su cargo, porque sería injusto para él (quien ha hecho un buen papel como edil, y por eso se le fue ratificado) y para la ciudadanía que votó por él (porque lo consideran un buen alcalde, aun cuando haya cometido esa falta electoral). Desde mi punto de vista, pues, la inhabilitación del alcalde cuauhtemense sería una violación gravísima a los derechos ciudadanos de elegir libremente a la persona que quieren que les administre sus bienes y servicios. Ojalá no se vaya a cometer el error, otra vez, de creer que lo legal siempre es justo, sin tener en cuenta que todo lo justo si no es legal debe inmediatamente de serlo.

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